Desobediencia civil a la implantación de la vacuna del VPH

El márketing del miedo que están promoviendo los fabricantes de la vacuna contra el virus del papiloma humano y la connivencia de las administraciones públicas en su promoción y venta está dando sus frutos. No dispongo de datos concretos, de estadísticas de su implantación, aunque quizá sea significativo el comentario que hace unos días, al concluir mi conferencia en la Feria de Alimentación y Salud de Balaguer (Lleida) me hacía una madre preocupada: mi hija es la única de su clase a la que no se la van a poner. Esta mujer quería que yo volviera a repetirle a su hija, esta vez en vivo y en directo, lo que he publicado en las últimas semanas sobre el asunto. La pequeña, de hermosos y despiertos ojos azules, me miraba atenta y de su boquita de pezqueñín, venciendo la inocencia de sus 11 años, surgió un: lo he leído todo. Madre e hija estaban mejor informadas que yo por lo que no hizo falta añadir nada. Pero se quejaban con amargura de la presión psicológica a la que les someten los demás padres del centro donde estudia la niña por no haber aceptado el voluntario mandato de compañías vendedoras y gobiernos. Esta escena me consta que está repitiéndose desde que la citada vacuna se aplica, ya digo, voluntariamente. Y en general, ocurre con cada acto de vacunación. Los padres que deciden libremente no vacunar a sus hijos suelen ser vistos como seres que no quieren a sus pequeños o asociales o alternativos, gente rara desconfiada en la que no se puede confiar.

Pero pese a que una vez más intenta imponerse la ley del más fuerte -que no tiene porqué ser el que más razón lleve-, lo cierto es que multitud de profesionales sanitarios a los que no puede acusarse de no querer a sus hijos o de ser asociales, ni siquiera de «alternativos» en la mayor parte de los casos, dudan de la idoneidad de aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano y así lo manifiestan públicamente. Algunos de ellos incluso proponen medidas concretas para actuar al respecto. Hace unos días un Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria de uno de los hospitales españoles más grandes me comentaba: «dado el desastre de lo ocurrido y la situación en España, donde prácticamente todas las comunidades están ya vacunando, la estrategia debería ser conseguir algo parecido a lo que tú cuentas en el blog que ha ocurrido en el estado de Virginia, en los USA, es decir, realizar una presión social lo suficientemente grande como para que se dé marcha atrás a esta locura. Por tanto, informémonos bien lo que ha ocurrido en Virginia, comparemos las similitudes y diferencias de su escenario respecto al nuestro y veamos qué se puede reproducir». Es una buena idea, allí se ha aplicado una moratoria al menos hasta 2010.

También hay que pedir el cambio en el puesto de trabajo del profesor Hernández Aguado pues representa un claro conflicto de intereses que ocupe la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad español el que hasta hace muy poco era unos de los líderes del movimiento promoratoria en la aplicación de la vacuna contra el VPH en nuestro país. Se le debe exigir que mantenga sus posiciones iniciales y por tanto se propicie un debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -el que decide sobre la aplicación de la vacuna en las regiones- conducente a dar marcha atrás a las políticas actuales de las distintas comunidades autónomas. Si Hernández Aguado no consigue la moratoria que defendía debe dimitir. Las organizaciones sanitarias y sociales relacionadas con la salud pública deberían coordinarse para si persiste la vacunación exigir la dimisión del actual máximo responsable de Salud Pública.

Creo, con los profesionales sanitarios preocupados por este asunto, que las madres y los padres tienen derecho a la desobediencia civil. No sólo a no vacunar a sus hijos, ese derecho de momento está garantizado, aunque nunca se sabe pues Merck ha intentado ya en ocasiones que la vacuna sea obligatoria. Las asociaciones de padres y madres de alumnos deben iniciar el debate en los colegios, no olvidemos que otra de las ideas es en un futuro vacunar también a los varones. Este profesional sanitario que menciono más arriba me cuenta: «En el hospital donde trabajo ya hemos iniciado una serie de sesiones clínicas de concienciación y estamos trabajando la manera de poder llegar a la población. Un rechazo, si no masivo, sí al menos testimonial de una buena parte de padres y madres haría cuestionarse estas políticas a los servicios de salud. Más complicado, pero no imposible de replantear, sería un rechazo de los profesionales a esta vacunación, una especie de objeción de conciencia ética. Estamos en momentos de crisis con muchos trabajos de profesionales sanitarios con carácter eventual y los sistemas de incentivos y coactuación que pueden hacer difícil que esto tenga éxito, pero por ello no debemos dejar de plantearlo». En efecto, los profesionales sanitarios tienen la capacidad de abrir el debate y formar a la sociedad sobre este tema. Y también tienen la conciencia y la ética como herramientas para crear valor (que se dice ahora no sin cierto aire cursi) en su profesión, devaluada, como podemos comprobar, por los intereses económicos de los grandes laboratorios.

Por último, -de momento-, los responsables políticos de los servicios sanitarios no deben quedar impunes a la decisión que han tomado de implantar la vacunación con un preparado tan polémico. En plena crisis, cuando no se están renovando contratos a médicos y enfermeras en los centros sanitarios, que se están recortando gastos de hostelería y confort en los centros, cerrando consultas y servicios sanitarios en horario de tarde en atención primaria y tantas otras cosas, no puede aprobarse un gasto tan grande en vacuna contra papilomavirus. Una vacuna, como advierten los profesionales sanitarios críticos, de dudosa efectividad, dudosa seguridad y que puede comprometer los programas de cribado. Sólo en Andalucía 14,5 millones de euros invertidos por la Consejería de Salud en la vacunación de la cohorte de niñas de este año, podría haber sido empleada en otros programas sanitarios para los que existen fuertes evidencias de reducción de la mortalidad y la morbilidad y que están esperando una financiación específica.